21 octubre, 2018, Dom

Presentada para Cuenca provincia una moción pidiendo una Renta Básica Garantizada

Descargar Moción Renta Mínima Garantizada -provincia de Cuenca-

MOCIÓN POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA RENTA BÁSICA GARANTIZADA EN CASTILLA-LA MANCHA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La grave crisis económica que sufre España y las injustas medidas de recortes generalizados en prestaciones y en servicios públicos básicos, han provocado el incremento del número de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y en riesgo de exclusión social. De hecho, el descenso del número de personas que están en situación de desempleo va acompañado del incremento del número de personas que han dejado de percibir las prestaciones por desempleo. Y cada vez son más las personas empleadas que, aunque tienen trabajo, no llegan a fin de mes. Recientemente hemos conocido a través de los datos publicados por la Agencia Tributaria que más de tres millones y medio de trabajadores ganan menos de 300 euros al mes y casi 7 millones de trabajadores/as ingresan menos del salario mínimo interprofesional (655,20 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad).

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2016 hay en España 4.574.700  personas que se encuentran en situación de desempleo, que afecta más a las mujeres que siendo el 46% de la población activa, suponen el 53% de las personas desempleadas (2,325.100). Las regresivas reformas del marco legal de protección del desempleo, han incidido de manera directa en la caída de la protección, tanto en relación a las prestaciones contributivas como las asistenciales.

En  nuestra provincia el desempleo ha aumentado, al finalizar el verano y la vendimia, en cerca de un 10% y superamos las 15.000 personas inscritas como demandantes de un puesto de trabajo. Trasladando los porcentajes estatales a la provincia, más de 7500 personas no tienen ningún tipo de cobertura; en el entorno de las 9000 mujeres se encuentran en esta situación que es similar en los jóvenes, mantenemos una tasa de actividad bajísima (la peor de Castilla-La Mancha), etc…

Estas son algunas de las causas del aumento de la pobreza en España y en nuestra provincia, que según datos armonizados de Eurostat asciende a casi el 30% del conjunto de la población. Y si atendemos a la situación de pobreza extrema también se ha producido un incremento insostenible desde un punto de vista social y humano. Además la pobreza, e incluso la pobreza extrema, está alcanzado a sectores sociales que hasta hace muy poco estaban en situación de supuesta seguridad. De manera que hoy los colectivos en los que más está creciendo la pobreza son parejas con hijos a cargo y familias monoparentales, fundamentalmente encabezadas por mujeres.

Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones suficientes ante la situación  de  necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas.

Según el informe de 2016, con datos relativos a 2015, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), en Castilla La Mancha el 36’7% de la población  está en riesgo de pobreza y o exclusión social, el 9’4% está padeciendo pobreza extrema (lo que supone un 234% más que en 2009), el 50’1% de las personas que cobran una pensión,  la cuantía está por debajo del umbral de pobreza y o exclusión social, el 8’5% de las personas de nuestra región, viven en situación de privación material severa, mientras que el 14’7% no puede tener calefacción en su vivienda durante el invierno.

Extrapolando algunos de estos datos a la provincia de Cuenca, significa que 74.809 personas –de las y  los 203.841 habitantes de la provincia en 2015- están  en riesgo de pobreza y o exclusión social, 19.161 personas mal viven en pobreza extrema, 17.326 personas tienen privación material severa y 29.964 no puede calentar su vivienda en invierno.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 25.1, establece:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Constitución Española de 1978, contempla:

Artículo 10

  1. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Artículo 35

  1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo 39

  1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Por su parte, la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, se plantea el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, y para ello insta a los estados  miembros a trabajar para mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los servicios sociales básicos. En el mismo sentido,  el Comité Económico y Social Europeo ha emitido un Dictamen para reclamar un plan de rescate social para poder hacer efectiva la Estrategia Europea 2020.

La solución óptima para resolver las situaciones de necesidad económica de las personas en situación de poder trabajar, que satisfaga las necesidades básicas, es tener un trabajo en condiciones laborales y salariales dignas.

Mientras haya personas en disposición de trabajar y no puedan encontrar un trabajo en condiciones dignas y en situación de jubilación o dependencia que les impida poder trabajar situándoles en riesgo de pobreza y exclusión social, los poderes públicos están obligados a  garantizarles unos ingresos mínimos con los que puedan llevar una vida digna.

En el reciente programa electoral autonómico de Izquierda Unida( Elecciones Autonómicas 25 de mayo de 2015) se recogía textualmente:

“Establecer una Renta Mínima Garantizada, prestación económica no contributiva que tiene por objeto hacer frente al estado de necesidad en que se encuentren los ciudadanos.

  • La RMG es un derecho subjetivo de los ciudadanos que se encuentren en estado de necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos predeterminados por la ley, y sin que esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario.
  • Tendrán derecho todos los ciudadanos mayores de dieciocho años y los menores emancipados que vivan legalmente en España y carezcan de rentas, por cualquier origen, superiores a la cuantía del IPREM.
  • La RMG es un derecho de carácter individual, que se modulará, en cuanto al requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica básica de la prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean personas que vivan solas o en núcleos familiares o de convivencia.[1] Tiene un carácter suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.
  • El derecho a la prestación económica de RMG comportará también el derecho del beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social en función de las características de cada persona.
  • La gestión del RMG corresponde a la Comunidad Autónoma, en colaboración con los servicios sociales básicos de las administraciones locales, en los términos fijados por la ley.

 

La prestación económica de renta básica de ciudadanía es una prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social que tiene por objeto hacer frente al estado de necesidad en que se encuentren las y los ciudadanos. Lo ideal sería que esta renta estuviera armonizada en todo el Estado, permitiendo hacer frente a las necesidades de la ciudadanía independientemente de su lugar de residencia, pero el PP no tienen ninguna intención de avanzar es este tipo de políticas sociales. Es un derecho subjetivo de las personas que se encuentren en estado de necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos predeterminados por la ley, y sin que esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario. Como criterios generales se establecen que tendrán derecho todas las personas mayores de 18 años y los menores emancipados, que vivan legalmente en España y que carezcan de rentas, por cualquier origen, inferiores a  la  cuantía del IPREM. Deberá modularse, en cuanto al requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica básica de la prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean personas que vivan solas o en núcleos familiares o de convivencia. La prestación económica de renta básica garantizada, tiene un carácter suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.

El derecho a la prestación económica de renta básica garantizada comportará también el derecho del beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social en función de las características de cada persona. La persona beneficiaria de esta prestación económica no podrá rechazar, durante la percepción de la prestación, una oferta de trabajo adecuada. Se regularan los supuestos en que el beneficiario de la renta básica garantizada podrá percibir ingresos derivados del trabajo, sin por ello perder el derecho a la prestación. Y las condiciones de esta compatibilidad parcial y temporal.

Aunque lo ideal es que esta renta básica garantizada se financie con cargo a los presupuestos generales del estado y sea, por tanto, la misma en todo el país, algunas CCAA, en el marco de sus competencias en materia de servicios sociales, han establecido diversos sistemas de ayudas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población en situación de pobreza y exclusión. La opción que mejor garantiza la cobertura de necesidades básicas, da seguridad a las personas, facilita la inclusión y contribuye a la mejora económica es la disposición e una renta mínima garantizada.

Por todo lo anterior, se proponen los siguientes

ACUERDOS

  1. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que establezca un sistema de Renta Básica Garantizada para que las personas sin recursos suficientes puedan hacer frente a sus necesidades básicas.

 

  • o QUE LA FINANCIEN CON EL DINERO QUE NOS ESTAN ROBANDO LOS POLITICOS COMO LOS QUE COBRAN 2500 € AUN TENIENDO PISO EN MADRID PERO COMO SALIO HASTA POR TELEVISION UN ALCALDE CERCA DE GIBRALTAR ESTABA EMPADRONADO ALLI PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS Y ASI NOS VA

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